...El mercado de la uva por fijar precios
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Competencia investiga el mercado de la uva por fijar precios
Europa Press - Madrid - 29/12/2010
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y a las organizaciones Unión de Agricultores y Ganaderos de Cádiz (Uaga-Coag Cádiz), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cádiz (Asaja-Cádiz) y Asevi-Asaja (la sectorial de viñas de Asaja-Cádiz) en el marco del expediente abierto por la posible fijación de precios en el mercado de la uva y el mosto de Jerez.
La CNC ha ampliado el expediente iniciado en febrero de 2009 para investigar a estas organizaciones ante la posibilidad de que hubieran incurrido en prácticas prohibidas en las leyes de Defensa de la Competencia españolas y europeas. La CNC recordó que la incoación de este expediente fue resultado de una información reservada abierta por la Dirección de Investigación. Ya se ha investigado a distintas empresas del sector del vino fino de Jerez.
Los empresarios del sector vitícola pasan a 'mileuristas' (press today)
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Parecía que el calificativo de mileurista estaba reservado a los trabajadores. Pero, en La Rioja, este término sirve también para definir a los pequeños empresarios del sector vitícola. En 1999, los viticultores llegaron a cobrar 1,95 euros por kilo de uva; hoy alcanzan con dificultades los 70 céntimos.
Según un estudio del profesor de la Universidad de La Rioja, Fernando Martínez de Toda, el término mileurista se obtiene tomando los costos de producción actuales, cifrados en 3.000 euros por hectárea para producciones de 6.000 kilos. La producción de un kilo exige un precio de 50 céntimos para cubrir costes.
Costes de producción
Para alcanzar la categoría de mileurista, en una explotación de seis hectáreas se necesitaría un beneficio por hectárea de 2.500 euros, con lo que, en este tipo de fincas, habituales en el minifundio riojano, los ingresos alcanzarían los 15.000 euros anuales.
Descontando el coste del trabajo, estimado en 700 euros por hectárea, para alcanzar los 2.500 euros habría que ganar 1.800 euros por hectárea o, lo que es lo mismo, 30 céntimos por kilo de uva.
Sumada esta cantidad al coste, el precio mínimo de la uva para convertir a los viticultores en mileuristas debería alcanzar los 80 céntimos kilo.
Con este planteamiento, y dado que los precios medios actuales de la uva están por debajo de esa cifra, ni siquiera puede hablarse de viticultores mileuristas.
La representación vitícola en el Consejo Regulador está batallando para conseguir unos precios mínimos que hagan rentable su actividad. Pero pactar precios está legalmente prohibido y, en estas condiciones, la viticultura no es económicamente sostenible.
Así que la solución parece muy complicada. Los bodegueros aseguran que intentan pagar "precios justos", dado el contexto de dura crisis por el que atraviesa su negocio, pero ese calificativo no cuadra con las cuentas de los viticultores.
En opinión del experto riojano, "si las bodegas no pagan, al menos, 80 céntimos por kilo de uva, el modelo de viticultura cambiará hacia una mayor productividad, buscando, fundamentalmente, el ahorro de costes".
Imagen de los caldos
Algo difícil de conjugar con la defensa de la calidad a ultranza que viene propugnando el Consejo y que ha prestigiado la imagen del caldo de Rioja en todo el mundo.
Además, cualquier aumento de producción por encima de los 9.000 kilos por hectárea compromete seriamente la calidad de la uva, con lo que el incremento de productividad tiene su techo.
Plataforma de futuro
Los precios de la uva están enfrentando a viticultores y bodegueros y amenazan con fracturar el propio Consejo Regulador.
En este contexto, las organizaciones agrarias han presentado una plataforma que consideran imprescindible para negociar el futuro del Rioja y apoyar las acciones de promoción comercial. Entre sus reivindicaciones, destaca el establecimiento de un código de buenas prácticas, que evite el que la uva pueda pagarse por debajo de su precio de coste, que se supriman las guerras de precios a la baja y se elabore un estudio independiente para ver lo que percibe cada eslabón de la cadena, desde la producción al consumidor. Las empresas que cumplieran estas buenas prácticas deberían ser premiadas en el acceso a ayudas regionales, estatales y comunitarias.
Además, todas las operaciones mercantiles amparadas estarían obligadas a indicar sus precios en euros por kilo de uva o por litro de vino.